Publicada en Gaceta Oficial la Ley Antibloqueo

La Ley Antibloqueo fue publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.583, fechada el pasado 12 de octubre, junto con el Decreto Constituyente que crea el Centro Internacional de Inversión Productiva, como organismo supervisor de los acuerdos y otras medidas en el marco de la norma que busca eludir las sanciones estadounidenses.

«Las facultades de este centro son amplias y una de las más resaltantes es «fijar normas de evaluación de desempeño y resultados aplicables a las empresas y demás formas de organización que gestionan o administran activos estatales como resultado de la aplicación directa de la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos».

La Ley, ya en vigencia, prevé mecanismos como los siguientes:

«Cuando resulte necesario para superar los obstáculos o compensar los daños que las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas generan a la actividad administrativa, o cuando ello contribuya a la protección del patrimonio del Estado venezolano frente a cualquier acto de despojo o inmovilización, o a mitigar los efectos de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas que afectan el flujo de divisas, el Ejecutivo Nacional procederá a inaplicar, para casos específicos, aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulte imposible o contraproducente como consecuencia de los efectos producidos por una determinada medida coercitiva unilateral u otra medida restrictiva o punitiva». (Artículo 19).

En este artículo se le concede al presidente de la República la facultad de desaplicar leyes y decretos a su discreción, como una amplia delegación de la facultad legislativa que constitucionalmente corresponde al parlamento. En este sentido, la Ley Antibloqueo es un estado de excepción que concentra el poder en el ejecutivo de manera casi absoluta, salvo en lo referente a la vigencia de la Constitución.

Igualmente esta Ley debe, «promover en el ámbito nacional e internacional los proyectos orientados a incrementar el flujo de divisas hacia la economía, aumentar la rentabilidad de los activos y mitigar los efectos de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas».

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