Investigadores de la ONU responsabilizan al gobierno de Maduro por presuntos crímenes de DDHH

Los investigadores de la ONU han denunciado que en Venezuela se han registrado supuestos  crímenes de lesa humanidad, perpetrados o avalados por el Gobierno desde el 2014 al 2020, en el marco de un patrón cuyas ramificaciones se extienden hasta el propio presidente, Nicolás Maduro, y para el que se podría solicitar la intervención del Tribunal Penal Internacional (TPI).

La misión ha investigado más de dos centenares de casos y ha concluido, en un informe de 443 páginas, que se han cometido presuntas  ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura en el país sudamericano.

Concluye que tanto el Gobierno como los grupos afines han cometido supuestas  violaciones «flagrantes» de los Derechos Humanos, hasta el punto de que se han identificado patrones «coordinados» con políticas del Estado y mantenidos de forma sistemática, lo que equivaldría a crímenes de lesa humanidad.

La presidenta de la misión, Marta Valiñas, ha subrayado en un comunicado que, «lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del Gobierno».

Así, en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, no podrían atribuirse a «falta de disciplina» de las fuerzas de seguridad, sino que «parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen», según Valiñas.

Los investigadores han llamado a poner fin a la impunidad, para lo cual «las autoridades venezolanas deben llevar a cabo de inmediato investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las supuestas violaciones y los crímenes, haciendo que los autores rindan cuentas e impartan justicia para las víctimas».

Valiñas ha planteado también, la intervención de las jurisdicciones de otros países, así como del TPI, que «deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra los individuos responsables de violaciones y crímenes que la misión ha identificado».

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