Bachelet advierte acerca de violación a los DDHH en Venezuela tras actualización de informe

Michelle Bachelet, alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, presentó este lunes una actualización del informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, emitido tras su visita al país el pasado mes de junio.

La funcionaria declaró desde la sede del organismo en Ginebra que “la situación de derechos humanos sigue afectando a millones de personas en Venezuela y con claros impactos desestabilizadores en la región”, por lo que reiteró su compromiso con el gabinete del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, “para lograr cambios sustanciales y poner fin a las violaciones de derechos humanos documentadas” en el documento publicado sobre su instancia en el país.

Asimismo, ratificó que las labores de su equipo en el despacho del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Caracas han sido restablecidas, y que la administración venezolana mostró su voluntad para continuar mejorando los DDHH en Venezuela.

Del mismo modo, Bachelet indicó que la administración venezolana ha ignorado su solicitud de disolver la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional, pues aseguró que parte de su equipo “ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las FAES en algunas zonas del país”.

“Estos casos documentados revelan el mismo patrón identificado en mi informe de julio y demuestran la falta de mecanismos de protección efectiva para los testigos y familiares de las víctimas”, denunció la alta comisionada, refiriéndose a los datos recibidos por la organización no gubernamental (ONG) Monitor de Víctimas, alegando que solo en el mes de julio, se registraron 57 casos de supuestas ejecuciones.

“Mi Oficina no ha recibido información sobre medidas para implementar la recomendación del informe sobre la disolución de las Faes y prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales. Por el contrario, la Faes ha recibido apoyo al más alto nivel del Gobierno”, añadió Bachelet.

Por otra parte, confirmó que un integrante de su despacho visitó el Centro de Procesados Militares Ramo Verde, declarando que existen “avances recientes”.

“Se está avanzando en un protocolo y un calendario de visitas en los próximos meses. De acuerdo con los compromisos adquiridos con mi Oficina, el Gobierno ha cumplido con la excarcelación de 83 personas, incluidas aquellas cuya detención había sido considerada como arbitraria por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria”, puntualizó Bachelet. No obstante, aseveró que aún faltan personas por la orden de liberación plena.

Igualmente, recalcó que la economía y la situación social en el territorio nacional  “sigue deteriorándose rápidamente, restringiendo el ejercicio de los derechos económicos y sociales de millones de personas (…) La economía atraviesa lo que podría ser el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado la región, afectando la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y otros bienes esenciales”, manifestó.

Al respecto, detalló que persisten “serios obstáculos en la disponibilidad y accesibilidad económica a los alimentos”. En relación al tema salud, la alta comisionada se mostró preocupada debido al “insuficiente acceso a medicamentos y tratamiento de más de 400.000 personas que padecen enfermedades crónicas”.

Entre otras cosas, Bachelet también explicó el cómo las sanciones impuestas por EE.UU al país, han afectado de forma negativa a los DDHH en Venezuela.

“Pese a las excepciones contempladas en las últimas sanciones en el área de asistencia humanitaria, el escrutinio estricto (over-compliance) del sector financiero, la reducción de los ingresos públicos y la caída en la producción petrolera está teniendo ya un fuerte impacto en los programas sociales y en la población en general (…) Todo esto contribuye a agravar la situación humanitaria y el éxodo de personas venezolanas”, sentenció.

 

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